El internamiento involuntario por motivos de condición mental y psicosocial en el Perú desde un enfoque de discapacidad y derechos humanos

La presente propuesta tiene como objetivo estudiar las diferentes formas de privación de libertad que existen en el Perú por motivo de discapacidad y otras condiciones de salud mental. Se ha identificado — de manera preliminar — las privaciones de libertad en hospitales psiquiátricos (por crisis y por inimputabilidad), en centros de rehabilitación por adicción, en centros privados para desórdenes alimenticios, y en hogares privados. Para tal efecto, se busca examinar la legislación existente al respecto y determinar su compatibilidad con estándares internacionales; describir la práctica de organizaciones públicas y privadas en la materia; e identificar otras violaciones a los derechos humanos que se producen en estos contextos, teniendo en cuenta lo determinante que pueden ser los estereotipos de género y discapacidad en estos escenarios. En el año 2008, el Estado Peruano ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Implementando este tratado, se adoptaron normas en dicha línea como la Ley General de la Persona con Discapacidad (2012), la Reforma del Código Civil (2018) y la Ley de Salud Mental (2019). Dichos cambios han generado que todas las personas con discapacidad (incluidas las personas con discapacidad psicosocial) puedan tomar decisiones, incluidas las referidas al consentimiento médico en casos de internamiento. Por lo mismo, las posibilidades de internamiento se han visto severamente reducidas. Paralelamente, con la adopción de una nueva política de salud mental, el Estado ha cambiado su provisión en la materia. Así, las instituciones protagonistas de la salud mental dejaron de ser los grandes hospitales psiquiátricos para comenzar a ser los centros de salud mental. A pesar de estos avances, la realidad del internamiento involuntario se mantiene y con ella, otras violaciones de derechos humanos. La investigación busca dar cuenta de esta realidad y las formas en que el Estado avala y consiente dichas prácticas.