Limitaciones y posibilidades de las protestas por la defensa de la democracia

Por Omar Coronel (miembro del GICO)
11 de noviembre de 2020

“Nosotros respetamos a la minoría que tiene el descontento” dijo José Vega, secretario general de UPP, refiriéndose a las protestas contra la vacancia express que promovió su partido el lunes. Este martes, primer día del gobierno ilegítimo, marchas maratónicas y cacerolazos en varias regiones le han callado la boca. El gobierno de Manuel Merino ha tenido que recurrir a una represión intensa para contener las movilizaciones. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿ahora sí puede prender una protesta nacional en Perú? ¿qué limitaciones y posibilidades hay?

Antes de la vacancia: de las válvulas de escape a la pandemia

Dos importantes razones por las que el Perú no participó de los estallidos de protesta en la región en 2019 fueron la percepción de la opinión pública de una efectiva lucha contra la corrupción y la estrategia negociadora y hasta concesiva del gobierno de Martín Vizcarra en varios conflictos sociales. Las prisiones preventivas a políticos percibidos como corruptos y antes intocables, y el cierre constitucional de un congreso obstruccionista a punto de capturar el Tribunal Constitucional fue aplaudido por más de cuatro quintas partes del país. De otro lado, el gobierno supo desinflar varios conflictos sociales antes de que estallen y usó la represión de forma bastante moderada. Sobre todo, viendo lo que pasaba al mismo tiempo en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. En ninguno de estos países el ejecutivo tuvo estas válvulas de escape: percepción de eficacia en una lucha valorada y actitud conciliadora con protestas. Esto explica otra singularidad en la región, un presidente con índices de aprobación que permanentemente superaban el 50%.

Pero la válvula de la lucha contra la corrupción se fue agotando. La pandemia y el nuevo congreso llegaron al mismo tiempo. Este último, repleto una vez más de mafias, solo que ahora más fragmentadas, demostró una y otra vez que la salida institucional no había funcionado, los corruptos seguían en el poder. Este malestar se acompañaba del dolor de las muertes y el empobrecimiento que dejaba la pandemia. A pesar del estado de emergencia, hubo 525 protestas durante los 106 días de la cuarentena nacional obligatoria. La incapacidad del aparato estatal, errores de gestión y la terquedad en focalizar las contribuciones monetarias limitó la efectividad del gasto social justamente entre quienes más lo necesitaban. Los principales sindicatos realizaron un nutrido plantón frente al Ministerio del Trabajo a fines de septiembre y una gran movilización nacional hace solo una semana en contra del gobierno de Vizcarra. Todo esto ya en medio de muy serias acusaciones por corrupción al propio presidente. A pesar de esto, temerosos por las alternativas, el 78% creía que el presidente debía mantenerse en el cargo hasta el fin de su mandato. Eso sí, sin dejar de ser investigado (IPSOS, octubre 2020).

La vacancia express

Es importante tener en cuenta cómo los cálculos de quienes impulsaron la vacancia y del expresidente van a  afectar la dinámica de la protesta. En primer lugar, la coalición de mafias ahora en el poder parece haber calculado que incrementar los niveles de represión reduciría rápidamente las protestas. Como otros gobiernos de la región, no se calcula que la represión podria costar una mayor radicalización o la progresiva deslegitimación interna y externa del gobierno. Al margen de que realmente crean que solo una minoría se les opone o de que no les importe que la gran mayoría los rechace, su cálculo es que poca gente saldrá a manifestarse y que se agotará pronto. El mismo cálculo que tenía PPK cuando indultó a Alberto Fujimori.  Este cálculo represivo termina de agotar la segunda válvula de escape que había ayudado a Vizcarra a desescalar los conflictos.

De otro lado, la reacción de Vizcarra a la vacancia le quitó liderazgo y un objetivo claro a la protesta. Un Vizcarra visiblemente agotado decidió el lunes aceptar la vacancia y no presentar ninguna acción judicial. Esto le quitó a la protesta el objetivo concreto de reponer al presidente a través de una medida cautelar al Tribunal Constitucional. La aceptación de la vacancia probablemente le brinde más capital político al ahora expresidente, pero deja a la protesta sin un norte muy claro. Hasta ahora la demanda amplia ha sido simplemente rechazar el gobierno de Manuel Merino pero, ¿qué exige exactamente esto? El sector más izquierdista de la oposición pide una Asamblea Constituyente, pero la nueva correlación de poder y el pesimismo al imaginar quiénes serían los asambleístas limita (por ahora) esa demanda. Algunos dirigentes de oposición, como Verónika Mendoza, han llamado a la movilización para estar “alertas y vigilantes”. ¿La idea sería aceptar que Merino se queda pero mantener la  movilización 9 meses en oposición a cada uno de los atropellos que preparan las mafias en el gobierno? La falta de objetivos concretos puede limitar la protesta.

El día después de la vacancia

La percepción de las mafias concentrando el poder (ejecutivo y legislativo) -junto a sectores políticos oportunistas-  y la represión indiscriminada de la protesta son importantes catalizadores no solo de mayor participación en protestas, sino de su radicalización. Por ello muchos no dudan en calificar la vacancia de inconstitucional, por lo arbitraria, o abiertamente de «golpe». La mayoría de los peruanos percibe a las principales bancadas parlamentarias ahora el poder como una amenaza concreta a reformas valoradas como la reforma educativa, con el SUNEDU como su mayor emblema. Se teme también la captura del Tribunal Constitucional (una de las razones que legitimaron el cierre del congreso en 2019) y de otras instituciones, sobre todo electorales. Se sospecha que las mafias van a cambiar las reglas electorales y el calendario de elecciones, maximizando sus beneficios. Una de las palabras más repetidas en redes estos dos días ha sido la “indignación”. Para muchos ha habido lo que en teoría de movimientos sociales se conoce como un shock moral, un malestar visceral debido a normas valoradas que se pensaban estables y se rompen inesperadamente. Estos shocks ayudan a generar participación en protestas inclusive ahí donde no existen organizaciones sociales.

¿Cuáles han sido las limitaciones de las protestas el martes? Como señalaba antes, la falta de un objetivo claro (como lo era la anulación de la “Ley Pulpín”, la “Ley de la Selva” o el indulto a Fujimori) ha hecho que se coreen arengas a veces contradictorias en las marchas (más de lo común). En segundo lugar, las organizaciones presentes han sido las pertenecientes a la vieja coalición antifujimorista; el movimiento aún no ha podido nuclear a otros espacios que puedan ampliar la coalición. En tercer lugar, inclusive parte de la vieja coalición antifujimorista estuvo ausente. No hubo sindicatos en las marchas del lunes y martes. Habiendo marchado contra Vizcarra hace solo una semana, era difícil que estas organizaciones participen en una movilización que, en parte, lamentaba la salida o aún pedía la reposición del presidente.

Pero a pesar de estas limitaciones, las protestas tuvieron varias fortalezas. Como en Chile y Colombia, hubo una gran autoconvocatoria de jóvenes sin vínculos con organizaciones, que han coordinado todo por redes sociales. Como en Chile y Colombia, muchos de estos jóvenes no se identifican con la izquierda. Es más, suelen rechazarla junto a todos los demás partidos (no diferencian el FA del NP o JP). En Lima, esos jóvenes han marchado, en distintos turnos, desde las 9am hasta pasadas las 11pm del martes. De otro lado, las marchas fueron nacionales. Hubo grandes manifestaciones en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Ica, Lambayeque, Moyobamba, Piura, Puno, Tarapoto y Trujillo. Se ha logrado movilizar a decenas de miles en el país. Finalmente, se comenzaron a usar nuevos repertorios como los cacerolazos. Durante la cuarentena nacional se intentó hacer uso de este repertorio, pero no llegó a ser masivo. El lunes y martes, en cambio, las redes mostraron diversos distritos de Lima y algunas ciudades fuera de Lima con ruidosos cacerolazos. Este repertorio es bastante útil porque permite participar a quienes, por mayores riesgos con el coronavirus, no pueden asistir a las marchas. Permiten también que ciudadanos que prefieren no ir a marchas puedan expresar su protesta y sentirse parte de un colectivo opositor sin salir de casa.

La represión indiscriminada del martes ha incrementado el shock moral de la vacancia. Estos niveles de represión son relativamente nuevos en Lima, pero nunca han dejado de ser moneda común en el resto del país. Desde la Marcha de los Cuatro Suyos, pocas veces ha habido represión tan intensa en la capital. Seiscientos policías desplegados. En Lima, las movilizaciones iniciaron pacíficamente, yo estuve ahí, pero la policía utilizó el rochabús y una gran cantidad de bombas lacrimógenas sin ninguna excusa. Se hirió a varios manifestantes con perdigones. Todo esto incentivó reacciones más confrontacionales de los manifestantes. Y sí, también hubo un sector que buscaba la confrontación desde un inicio, pero minoritario. Agentes del Grupo Terna y Escuadrón Verde estuvieron infiltrados y detuvieron a 30. Inclusive llegaron a detener a Carlos Rodríguez, abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, mientras brindaba asistencia legal a los jóvenes detenidos, algo inaudito en democracia.

No es fácil predecir el impacto de acciones violentas en la protesta, sean reactivas a la violencia policial, expresivas o estratégicas. En perspectiva comparada Perú suele tener una menor tolerancia a repertorios violentos que países como Chile, por ejemplo. La encuesta GFK-IEP de 2019, encuentra que el 86% de peruanos no justifica la agresión a la policía en una protesta (un 10% sí). Para ser efectivas, no solo deben buscar presionar lo más que se pueda al gobierno, es clave que las protestas tengan la simpatía de la mayoría de la población. Los manifestantes deben luchar también por conseguirla y mantenerla. El éxito de las marchas en Chile en 2019 y EE.UU. en 2020 se basó en la simpatía que ganaron y mantuvieron en la opinión pública. Y aquí los medios de comunicación juegan un rol central; si la mayoría de estos decide visibilizar solo la violencia del lado de los manifestantes, sin contexto ni mostrando el lado de la represión, las marchas pueden perder apoyo. Por eso las redes sociales se vuelven muy importantes para balancear la probable desinformación que llegue de la radio y televisión.

Expectativas

Una mayor alienación del nuevo gobierno respecto de las preferencias de las mayorías, y la represión expuesta van a facilitar la permanencia de las protestas. Eso fue parte de lo que pasó en Chile, con una élite política que veía a los manifestantes como alienígenas. Hoy se ha anunciado que Ántero Flores Araoz, representante de quienes hace 14 años no ganan en las urnas, asumirá el premierato. Señales así solo incrementan la percepción de amenaza. Igualmente, las apuradas reuniones de hoy para seleccionar a los candidatos al Tribunal Constitucional y para evaluar el proyecto para modificar la Ley Universitaria son provocaciones.

Pero las movilizaciones son difíciles de sostener por mucho tiempo sin algún tipo de organización. Nuestra sociedad civil tiene recursos organizativos, pero son escasos y muchos de los jóvenes que hoy protestan no confían en varias de esas plataformas. Una alternativa es construir nuevas redes organizacionales en el camino, que es lo que se está haciendo en varias protestas en la región y se logró ya aquí durante el movimiento contra la Ley Pulpín.

El futuro de las movilizaciones va a depender también de que tanto se puede ampliar la coalición contra el gobierno. Por un lado, hay aún un sector sindical importante que no se está plegando a la lucha porque, probablemente, no encuentra mayores diferencias entre la desatención de Vizcarra y Merino. Veremos si con los episodios de represión de ayer y las reformas laborales que plantee el nuevo gobierno esto comienza a cambiar. De otro lado, entre los sectores más empobrecidos por la pandemia, hay también simpatías por UPP, Podemos y el FREPAP. Es probable que estos sectores, que en otras circunstancias marcharían con las organizaciones que hoy se enfrentan al gobierno de Merino, no se sientan cercanas a esta lucha. Por último, la amplitud de la coalición también va a depender de si sectores de centro, como el Partido Morado, se comprometen con las movilizaciones, como afirmó Julio Guzmán el lunes.

Aunque el contexto electoral hace aún más difícil esa cooperación, las amenazas de alterar el proceso electoral facilitarán el esfuerzo por coordinar distintas formas de rechazo y presión contra el gobierno. Quedan meses muy difíciles y de constante vigilancia y confrontación, de seguirle demostrando a Vega quiénes son la minoría. Esperemos que este violento recordatorio de lo valiosa que era esa denostada democracia débil que teníamos ayude a que distintos sectores nos pongamos de acuerdo en recuperarla y fortalecerla.