Quienes suscribimos, personas que trabajan temas de memoria histórica y pasado reciente, hacemos un llamado al alto al fuego, el predominio del diálogo, el respeto irrestricto por los derechos humanos, y la defensa de la integridad y de la ciudadanía que protesta en todo el país.  

Por ello, solicitamos con urgencia:

• Desactivar los dispositivos legales y administrativos que incrementan el riesgo de la población a sufrir afectaciones en su integridad: estado de emergencia, toque de queda, presencia militar, uso de armas de fuego letales y no letales, uso de vehículos pesados, empleo de personal de seguridad no identificado, etc.  
• A las autoridades, ejercer sus funciones para hacer política, entablar diálogos y emprender procesos de negociación respetuosos con la ciudadanía, y no limitarse a ejercer la represión.
• Detener la estigmatización, ninguneo y “terruqueo” hacia la población movilizada, en tanto este discurso facilita y casi justifica ejercer violencia indiscriminada sobre ella.
• Supervisar con personal civil del Poder Ejecutivo y con miembros de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público el accionar de la policía, en tanto se ha constatado esta semana y existen antecedentes, de un uso desmedido de sus prerrogativas, como es el uso excesivo de la fuerza y prácticas que solo traen como recuerdo situaciones de violencia anteriores (detenciones arbitrarias, malos tratos, tortura), disparos al cuerpo con perdigones, y uso de granadas lacrimógenas desde helicópteros.
• Exhortamos a los actores políticos a actuar con responsabilidad, cuidando el lenguaje empleado en situaciones delicadas, evitando aumentar la vulnerabilidad de la ciudadanía movilizada.
• A los demás actores, los invocamos a actuar con responsabilidad. Esto quiere decir, asumir el desafío de este momento, ceder en sus intereses grupales, y trabajar en una salida pacífica a la coyuntura. Apresurar las decisiones legislativas en torno del adelanto de las elecciones, en tanto cada minuto que pasa es un riesgo para la población.
• Se requiere investigar los atentados a la integridad de la ciudadanía, así como las muertes ocurridas, que hasta el momento suman veintiún personas, incluyendo menores de edad. 
• A los otros actores, como el Acuerdo Nacional o la Asamblea de Gobiernos Regionales, les solicitamos convocar con urgencia, incluyendo en lo posible a representantes de los ciudadanos y ciudadanas movilizados.
• A la ciudadanía, que ejerza su derecho a la protesta sin violencia, respetando los derechos de los demás ciudadanos y ciudadanas que no participan de la protesta, así como de los peruanos y peruanas que forman parte de las fuerzas de seguridad. 
• A la comunidad nacional e internacional, les pedimos interponer sus buenos oficios para promover salidas pacíficas y sin más costo social, en el marco del respeto a la democracia y los derechos humanos.
• Invocamos a los congresistas y a los representantes del ejecutivo a una toma de decisiones justa y célere. Cada minuto que demoran las decisiones sobre el adelanto de elecciones, nuestros compatriotas son expuestos a riesgos potencialmente mortales.
• Expresar nuestro profundo pesar y condolencias por las personas fallecidas producto de este estado de crisis, exigir el esclarecimiento de estas muertes y el trato diligente hacia sus familias. El luto y la memoria de estos ciudadanos y ciudadanas es un derecho que nos corresponde a todos construir y respetar.

Es un momento grave, que requiere del esfuerzo democrático y constructivo de todos los actores políticos y sociales, para poder solventarlos con paz, con diálogo y sin exclusiones. El país en su bicentenario, aún tiene reservas de dignidad y templanza que son necesarias para la reconstrucción de nuestra democracia y nuestro proyecto de una comunidad digna.  

16 de diciembre de 2022