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Columna de Opinión

EL VALOR DE LA “CALLE” EN UNA PATRIA HERIDA

 Por Narda Henriquez (GICO-PUCP)
17 de noviembre de 2020

 

En una de las pancartas se lee “No somos los de antes somos los de hoy en adelante” así se expresan  los manifestantes de estos días 12/15 de noviembre.  Cada día, autoconvocados, se movilizaron desde  que Merino asumió el gobierno de facto y siguen aún hoy.  En Lima y a nivel nacional, por redes y en las calles con lemas como “ahora le toca al parlamento” y “no a la inmunidad” continúan las movilizaciones, pero han sido los días jueves 12 al domingo 15 los claves en el desenlace que permitió pasar de un gobierno ilegítimo a una transición  con una nueva directiva en el Congreso  cuyo presidente F. Sagasti juramenta será el  “encargado de la Presidencia” del país.

¿Qué representan estas movilizaciones?, hay mucho pan por rebanar aún,  y por cierto pueden haber diversas tendencias, pero desde una mirada que vincula la coyuntura con el largo plazo debo  poner de relieve el impulso institucional de las demandas de una generación que reclama pautas dignas, transparentes, procedimientos que fortalezcan la vida institucional y el control de poderes; cuestiones necesarias para la vida en democracia, puede parecer poco pero para el Perú es mucho, aunque está claro que por sí solo sería insuficiente.  El Perú es una patria herida desde hace muchas décadas, vivimos un período de conflicto armado, desencadenado por Sendero Luminoso en los ochenta y que dió lugar a violaciones de derechos humanos cometidas por todos los actores de la guerra incluyendo agentes del Estado, MRTA comités de autodefensa.  Luego  de lo cual no hubo reconstrucción alguna en las zonas más afectadas como Ayacucho.  Asimismo, en los noventa, durante el gobierno de Fujimori,   se concesionaron amplios sectores del país y de zonas amazónicas, cuyas repercusiones dieron lugar años después  a  reclamos y movilizaciones como las  de Bagua.  Poblaciones quechua hablantes y ashánincas del conflicto armado como las comunidades nativas cobraron visibilidad pero sólo de modo simbólico, poca atención a sus necesidades, algunos logros específicos (ley de consulta previa, ley de reparaciones) ningún esfuerzo de los gobernantes y de las élites por reorientar recursos, impulsar desarrollo desde y hacia adentro, ningún debate para colocar en espacio de toma decisiones y de representación nacional estas colectividades.  Los partidos más avezados quisieron instrumentalizar el discurso étnico con poco éxito, los personajes que se encumbraron como “cholos” – caso del ex presidente Toledo – lo tuvieron más.  Mientras, las élites económicas y políticas siguen negando las violaciones cometidas en el conflicto armado, la pandemia mostró las fracturas pre existentes  en que el país vivía.  El boom de los commodities generó una “ilusión de progreso” al reducir niveles de pobreza y ampliar sectores de ingreso medio que se mantuvieron en umbrales de vulnerabilidad como se ha podido constatar.

Atribuir a  cualquier propuesta cívica,  de reclamo por derechos humanos, que responden a conspiraciones y radicalismos de izquierda son modos en que sectores conservadores  construyen un escenario para  “terruquear”, del mismo modo que  cualquier reclamo de poblaciones nativas se descalifica como “antiminero”.  Desde los 90, regular, redistribuir, vigilar se han desplazado como vocabulario “desestabilizador”.  Ahora, en medio de la pandemia, los neoliberales a ultranza reclaman más Estado incluso algunas grandes empresas que han recibido recursos públicos del programa Reactiva Perú que creó la Ministra de Economía de gobierno de Vizcarra.

El alto apoyo popular que tenía Vizcarrra al ser vacado tenía que ver por un lado, con su distancia del intento de indulto a Fujimori de su predecesor y,, por otro, a  su manejo temprano de la pandemia con confinamientos extremos y con bonos tan  necesarios en un país con un sistema de salud famélico y con amplios sectores vulnerables.  Muchos observadores internacionales atribuyen la vacancia a la corrupción  y el mal manejo de la pandemia. Ésta es una generalización que sólo toma en cuenta aspectos muy parciales de una coyuntura polémica. Muchos de los congresistas involucrados en la vacancia tenían también denuncias de corrupción y forman parte de intereses particulares, mafias que lucran con la educación y se parapetan en el Parlamento para no ser juzgados.

Estas movilizaciones son inéditas en muchos sentidos, tiene rasgos nuevos pero también algunos que atisbaban en las movilizaciones de los últimos años: la inmediatez de la convocatoria, la intensidad de la indignación compartida, sin planteamientos programáticos ni liderazgos visibles, involucrando a jóvenes y adolescentes principalmente urbanos; es un tema que habrá que retomar más adelante. Aquí queremos destacar algunos antecedentes, no suficientes para explicarlo pero sí para entender su significado histórico  más allá de los rumbos variados que puede tomar en el futuro próximo.  El aliento histórico de las movilizaciones se emparenta con dos momentos cruciales de este siglo: el primero en torno a la movilización ciudadana contra el gobierno de Fujimori que pretendía quedarse un tercer período y que dió lugar al gobierno de transición de Paniagua, y, el segundo caracterizado por movilizaciones por derechos humanos que confluyen en períodos electorales (2010-2016). Las movilizaciones ciudadanas contra el autoritarismo fujimorista  tuvieron su punto culminante en la Marcha de los Cuatro suyos pero  tuvo como antecedentes varias movilizaciones de jóvenes en defensa del estado de derecho.  Éstas tenían poco que ver con el modelo económico, mucho con la denuncia del cuerpo corrupto Montesinos – Fujimori.  En ese momento Julio Cotler comentó en entrevista televisada que se trataba de  la “primera revolución liberal” en el país, afirmación atinada desde mi punto de vista.   A lo largo de las últimas dos décadas, hubieron diversas protestas la mayoría  localizadas y otras masivas, contra la contaminación de las aguas, derrame de petróleo, minería contaminante, protestas feministas como Ni una menos, , movilizaciones de derechos humanos contra la impunidad en el conflicto armado, movilizaciones y plantones de activistas LGTBI, de solidaridad con las señoras afectadas por esterilizaciones forzadas.  Este conjunto de reclamaciones giran  en torno a tres ejes de derechos humanos: las violaciones de la época del conflicto armado, las demandas ecoterritoriales / socioambientales, y; las demandas feministas y de la diversidad sexual que confluyeron en períodos de elecciones presidenciales el 2010 y el 2016, y; que actuaron en contra de las candidaturas fujimoristas.   Aunque es difícil hacer un cálculo sobre su impacto directo no se puede negar las repercusiones de dichas movilizaciones en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de  esos años.

Las movilizaciones actuales se desenvuelven en nuevos escenarios, cobra mayor peso, el intercambio en las redes,  que repercuten en movilizaciones y en debates, construyendo mensajes de sentido común que logran amplia adhesión.  Esto si bien viene ocurriendo desde inicios de este milenio, muestra ahora que además de las opiniones (sentidos comunes) y movilizaciones (acciones en las calles) puede dar lugar a otros campos de agencia, se constituyen equipos de emergencia y  colectivos solidarios.  Asimismo que la conectitividad “en vivo” por redes sociales (Facebook, Instagram) es un vehículo que puede generar gran empatía  entre jóvenes y adolescentes que así se informan y  visualizan los acontecimientos a distancia pero sienten la afrenta como propia, los perdigones, los gases lacrimógenos y hacen duelo.

Esta generación no ha vivido el conflicto armado ni sabe de las marchas previas,  pero forma parte de una reserva moral – una reserva aún no contaminada por el oportunismo y el racismo  – que surgen  como parte de su memoria colectiva y transmisión intergeneracional en la sociedad civil.  Aprendizajes en la práctica, vínculos  emocionales, demandas procedimentales son ahora parte del repertorio de las nuevas formas de construcción institucional de la democracia.  No hay  modelos alternativos de desarrollo en debate, hay multitudes en las calles, esperamos que sean multitudes informadas.

Estas movilizaciones constituyen una  reserva ética y solidaria necesaria, esperemos que aunque sea una parte de esta reserva  perdure y madure,  contrarrestando los circuitos perversos (corrupción, droga, delincuencia, autoritarismo)  para aportar a sentidos comunes cívicos. La calle tiene potencialidades pero también límites como señaló en este mismo espacio Omar Coronel en un anterior artículo.

Está aún por verse si lograremos las reformas necesarias, la autocrítica parlamentaria, reformas en las fuerzas policiales que incurrieron en excesos y represión. Lo que la juventud movilizada ha  logrado estos días, tendrán que procesarlo ellos mismos, (colectivos, bloggers, influencers) pero también las nuevas clases políticas y económicas, a nivel nacional y local. Las mujeres y varones jóvenes y los no tan jóvenes movilizados han descubierto que  puede haber coyunturas que constituyen  momentos claves, cuando la ciudadanía descubre que tiene poder.

La construcción democrática requiere de instituciones que funcionen  pero también de justicia social y de ciudadanías de mutuo reconocimiento.  Veremos en los próximos meses y años si somos capaces de superar la frustración de lo que hasta ahora ha sido la República, espero podamos  lograr otros y renovados impulsos democráticos.