En Las Cárceles De La Miseria, Loïc Wacquant describe cómo  la adopción de la política de “Tolerancia cero”, que es principal- mente aplicada en guetos, barrios negros y latinos en algunos estados de Estados Unidos, se sostiene por la disminución de cifras que siguen una tendencia previa a tal política y son similares a las de otros estados, donde existe una Policía que no usa los métodos agresivos que caracterizan a la primera. El autor sustenta que la política de “Tolerancia cero” ampara legalmente el abuso de poder de la Policía, como detenciones arbitrarias por ser sospechoso (ser negro, latino o de un territorio segregado suele bastar), e incrementa el número de detenciones por delitos menores, e incluso a inocentes. Una de las consecuencias de esto es que la población penitenciaria excede la capacidad de reclusión y la del proceso judicial.

Sin embargo, a través de “think tanks”, empresas contratadas para elaborar y validar con estudios científicos la “Tolerancia cero”, y la propagación mediática de una ideología que responsabiliza de la delincuencia únicamente al individuo, a la vez que desestima los factores sociales en que este se encuentra, esta política es aceptada, internalizada y reproducida por quienes buscan el orden en las calles (población no segregada y electoral) y otros países europeos que la adaptan a las circunstancias culturales propias, buscando emular la mejora económica que, según el imaginario social, existe en Estados Unidos; mejora que se considera posible por la disminución de los gastos sociales del Estado y reemplazada por el Estado penal, además de la instauración obligatoria del trabajo asalariado precario para poder acceder a la intervención social y económica del Estado por parte de la población pobre.

 De esta forma, escribe Wacquant, se criminaliza la pobreza y la miseria, acción sustentada con un discurso basado en la necesidad de dirección y gobierno de la vida de los pobres a través del sistema punitivo y encarcelamiento masivo. Así, la participación social y económica del Estado en zonas segregadas disminuye y crece su intervención penal, donde el objetivo del sistema penitenciario ya no es prevenir el crimen ni trabajar en función al retorno a la sociedad de los detenidos, sino aislarlos con fines de reducción del gasto fiscal. En respuesta, el autor propone como conveniente la privatización del sistema penitenciario, que libera al Estado de asumir la responsabilidad económica de las prisiones, a la vez que estas sustituyen al gueto como instrumento de exclusión y permite usar la mano de obra de los detenidos, teniendo un impacto económico en las jurisdicciones donde están localizadas. De este modo, a través del incremento de las prisiones, la pobreza es gobernada por “la mano invisible del mercado y el puño de hierro del Estado”.