El autor estudia los regímenes de protección patrimonial que ofrece tradicionalmente el Derecho administrativo, a partir de los institutos de la expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial de la Administración pública. En este contexto, advierte las falencias de dichos regímenes y propone una adecuación de los mismos a la luz de los avances que ofrece el Derecho internacional de inversiones. Finalmente, el autor advierte que, desde el Derecho público económico, es necesario abordar un estudio que rescate una efectiva responsabilidad patrimonial del Estado, en la que éste responda por los daños que produce a los particulares no sólo como Administración pública, sino también como Estado-Legislador y Estado-Juez.

Créditos fotográficos: Castillo de Alcaudete Juan Alcor