Entrevista de Punto Edu a Gerardo Damonte. También disponible aquí.
La minería ilegal ha crecido por falta de gobernabilidad del Estado en zonas amazónicas
Según cifras del Ministerio del Ambiente, la minería ilegal ha devastado más de 50 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios. El director de la Maestría en Gestión de los Recursos Hídricos de la PUCP, Gerardo Damonte, explica por qué la minería ilegal se ha expandido tanto en dicha zona de la Amazonía y las razones por las que el Estado peruano no puede controlar esta situación.
Hace unos días, se realizó un megaoperativo en “La Pampa”, el campamento minero ilegal considerado el más grande de Madre de Dios. Se detuvo a un grupo de personas y se decomisó material valorizado en miles de soles que se utilizaba para procesar el oro. Sin embargo, un sobrevuelo pudo constatar la gran devastación que se había producido en la zona: inmensos hoyos de tierra, una gran deforestación y fuentes de agua contaminas con mercurio. El profesor Gerardo Damonte, quien investiga este tema, afirma que si bien la minería ilegal existe desde hace varios años, lo nuevo es que ahora ha crecido enormemente y de manera desordenada.
“La minería en estos lugares no es nueva lo que es nuevo es cómo ha crecido la escala de producción. Ya no es una cuestión artesanal ahora hay volúmenes, hay retroexcavadores, dragas, hay una tecnología para extraer más. Esto se ha dado por el precio del oro, que si bien ahora ha bajado un poco, en un momento subió a mil por ciento, entonces es un negocio redondo. Actualmente la producción de la minería ilegal representa más o menos el veinte por ciento de la exportación nacional de oro. ¿Pero por qué esta minería ha crecido de manera tan desordenada, tan caótica? Porque el Estado no supo y no puede hasta ahora gobernar este espacio, no puede establecer reglas de gobernabilidad en todo lo que es la Amazonía”, explica Damonte.
FALTA DE INFORMACIÓN
Uno de los factores que impiden que el Estado tome control en estas zonas que han sido ocupadas por la minería ilegal, es la falta de información sobre lo que realmente está ocurriendo. “El problema es que el Estado no sabe cuántos mineros hay ni qué tipos de mineros son, tampoco sabe completamente dónde se mina. Hay un conjunto de concesiones ilegales o informales y no las tiene registradas, no las mapea. Incluso hay un conjunto de concesiones que han sido para agricultura y bosques, pero que son usadas para la minería, y tampoco lo sabe. Entonces el Estado termina siendo un Estado ciego”, afirma el profesor asociado del departamento de Ciencias Sociales de la PUCP.
Hay una serie de pasos que, según Damonte, debería dar el Estado para comenzar a acorralar a la minería ilegal, como una mayor regulación de los insumos que se utiliza, entre ellos el mercurio, y un mejor control de la salida del oro. Pero también indica que se debe continuar con el proceso de formalización de estos mineros para que trabajen con responsabilidad social y ambiental. “Hasta el momento el proceso de formalización planteado por el gobierno es un fracaso. La cantidad de mineros que han pasado por este proceso es mínima. El Estado debería tratar de impulsar este proceso de formalización de una manera correcta y buscar una solución para entrar a gobernar a esta zona conociendo bien el lugar y a la gente que vive ahí, es decir, haciendo ciudadanía”, concluye.