Durante más de 40 años, las actividades de hidrocarburos han degradado el hábitat indígena en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, El Tigre y Marañón en el norte de la Amazonía peruana. Las negociaciones entre los pueblos indígenas y el Estado llevan más de veinte años con resultados lamentablemente escasos. Desde la perspectiva de la teoría de la justicia global y la antropología jurídica y política, en este artículo sostengo que las negociaciones sobre la contaminación por petróleo de las tierras indígenas y las fuentes de agua pueden entenderse mejor como rituales políticos que mantienen a los pueblos indígenas en un estado liminal, mientras que sus principales preocupaciones sobre la justicia global suelen ser descartadas.