Las organizaciones indígenas han dedicado una buena parte de su tiempo y energía al reconocimiento y promoción de sus derechos, tanto a nivel consuetudinario, nacional como internacional. Al mismo tiempo se han apropiado del lenguaje y los instrumentos jurídicos del Estado para defender sus derechos, incluyendo el derecho a la administración de justicia tradicional. En cualquier caso, han conseguido alzar un imponente edificio jurídico  que culmina con la famosa Declaración de las Naciones  Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas del 2007 que declara, nada mas y nada menos, que la libre determinación de los pueblos indígenas en los espacios territoriales que ocupan o hayan ocupado.

Es cierto que los derechos de los pueblos indígenas en los diferentes países andinos se encuentran a muy distintos niveles de desarrollo, y esto con independencia del carácter del régimen político que gobierna hoy en cada uno. Hay países que reconocen grandes espacios territoriales con sistemas de gobierno autóctonos. Otros se contentan con reconocimientos comunitarios negando a los pueblos indígenas la calidad de sujetos de derecho. Sin embargo, a pesar de estas diferencias considerables, el mapa del avance del frente extractivos y sus consecuencias en términos de degradación ambiental y social para los pueblos indígenas y su entorno son similares.

Si los avances en la legislación no parecen significar unas mejoras concretas, podemos hacernos varias preguntas en torno a la relación entre el derecho y sus usos están teniendo actualmente en las sociedades amazónicas. En este taller queremos explorar el balance y las consecuencias del interés que las organizaciones políticas indígenas y sus lideres tienen en el derecho. Se trata de analizar sobretodo cómo los pueblos, las organizaciones y sus dirigentes perciben lo jurídico.